Hoy en día las autoridades en México enfrentan un triple reto: 1) satisfacer las necesidades crecientes –en términos de empleo, servicios públicos y mejor gobierno– de una población cada vez más exigente e informada, 2) elevar la competitividad de sus economías para atraer inversiones y elevar el nivel de bienestar de su población, y 3) encontrar los recursos así como los medios para financiar su desarrollo.
Este panorama es particularmente cierto y apremiante en el caso de las entidades federativas, ya que además de que sus recursos son muy limitados, muestran una alta dependencia de las transferencias del gobierno federal. Se estima que en promedio, los recursos propios –tributarios y no tributarios– de los estados representan un poco más del 9% del total de sus ingresos, lo que significa que el resto de sus ingresos proviene de transferencias federales y, en menor medida, de deuda contratada a través del sistema financiero e incluso con sus proveedores.
Si a lo anterior se añade que de acuerdo al último Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, el 46.3% de la población en el país, es decir, 52 millones de personas se encuentran en situación de pobreza por no contar con una alimentación adecuada, acceso a servicios de salud, educación y servicios básicos en la vivienda, entre otras carencias, no es difícil entender la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades, particularmente las locales que es el ámbito en el que se manifiesta en lo cotidiano la falta de infraestructura para proveer estos y otros servicios a la población.
Enfrentar estos retos en el muy corto plazo y sentar al mismo tiempo las bases para un desarrollo sostenido en el largo plazo, requiere de creatividad e innovación para encontrar soluciones concretas y eficientes a problemas complejos, así como de políticas públicas adecuadas. No obstante, la creatividad y la innovación no pueden ser resultado de meras ocurrencias sino por el contrario, deben sustentarse en datos e información fehaciente, en los últimos desarrollos científicos y tecnológicos, así como en políticas probadas que creen incentivos adecuados para alcanzar un mayor crecimiento con equidad.
Es en esta lógica que nace Bureau de Política Pública (BPP) como una empresa comprometida con el desarrollo de las entidades federativas y del país, y que brinda servicios de consultoría sustentados en una investigación independiente y de alto valor en el área de políticas públicas. Así, a través de sus capacidades de investigación y de su experiencia en el manejo de proyectos a nivel local, BPP ofrece herramientas y estrategias que permiten diseñar, implementar, evaluar y mejorar programas y políticas públicas, con el objeto de que éstas se reflejen en cambios positivos para la sociedad.